En un sexenio marcado por compromisos ambiciosos, la recaudación fiscal se ha convertido en una prioridad para el gobierno mexicano. Ejemplo de lo anterior es la recién publicada reforma al artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal, la cual tiene por objeto ampliar el catálogo de delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa; entre esos delitos adicionados está el de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
El razonamiento de tal inclusión, según el dictamen de la Cámara revisora del 27 de noviembre de 2024, radica en la grave afectación que estos delitos representan para la economía nacional, por lo que esta reforma “busca proteger los recursos públicos y asegurar que quienes incurran en estas prácticas no evadan la acción de la justicia ni continúen afectando la recaudación pública. Esto permite que el Estado mantenga la capacidad de financiar los servicios públicos esenciales para la población.”
De esta forma, en un país que busca fortalecer sus ingresos públicos sin recurrir a nuevos impuestos, resulta indispensable atacar de raíz las prácticas que erosionan los recursos fiscales. En este contexto, el huachicol fiscal se erige como una problemática que no solo afecta a las finanzas nacionales, sino también la calidad y la trazabilidad de los hidrocarburos que ingresan a nuestro territorio.
Huachicol y huachicol fiscal: dos caras de un mismo problema.
Tradicionalmente, el término “huachicol” se ha asociado con el robo de combustibles mediante tomas clandestinas en los ductos. Sin embargo, el huachicol fiscal representa una versión menos visible, pero igualmente nociva de este problema. Este fenómeno implica la importación de hidrocarburos de baja calidad o cuya composición es manipulada, con el objeto de evadir impuestos. Esto no solo distorsiona el mercado, sino que también pone en riesgo la seguridad energética del país y compromete el cumplimiento de normativas ambientales y de calidad.
Controles volumétricos: una herramienta para la trazabilidad y el cumplimiento
Para erradicar estas prácticas, es fundamental que toda la cadena de valor, desde la importación hasta el usuario final, adopte sistemas de mediciones confiables que permitan garantizar la trazabilidad, tanto del volumen, como de la calidad de los productos petrolíferos. Aquí es donde los controles volumétricos, regulados por el Anexo 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal, desempeñan un papel crucial.
Estas regulaciones permiten registrar y monitorear cada etapa del manejo de los hidrocarburos, asegurando que los datos de calidad y cantidad sean transparentes y verificables. Al implementar estos controles, se puede identificar rápidamente cualquier irregularidad en la composición, el volumen o la calidad de los combustibles, lo que dificulta el ingreso de productos adulterados y/o de mala calidad .
Desde el punto de vista de una unidad de inspección acreditada y confiable, estos controles no solo son una obligación regulatoria, sino una herramienta estratégica para garantizar la transparencia y la eficiencia operativa. Estas unidades de inspección, debidamente acreditadas y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, desempeñan un papel fundamental en la verificación y certificación de que los procedimientos de medición se llevan a cabo correctamente.
La importancia de una unidad de inspección confiable: más allá de la simulación
Cuando una unidad de inspección carece de confiabilidad, las implicaciones no solo recaen en el incumplimiento normativo, sino también en la posibilidad de que los datos presentados sean meras simulaciones, carentes de veracidad y precisión. Por el lado privado, esto compromete decisiones estratégicas y expone a las empresas a sanciones regulatorias; y por lo que hace al sector público, se afecta directamente a la recaudación fiscal, rompiendo además la cadena de transparencia y cumplimiento que sostiene al sector energético. Por estas razones, es crucial proteger al mercado de unidades de inspección oportunistas, que carecen de las habilidades técnicas necesarias para garantizar resultados confiables y soluciones integrales.
Incremento en la recaudación a través de los controles volumétricos
El impacto de los controles volumétricos no se limita a la mejora de las operaciones logísticas. Su correcta implementación tiene un efecto directo en la recaudación fiscal, ya que, al eliminar las oportunidades de evasión y fraude, el gobierno puede asegurarse de que cada litro de combustible importado, de calidad verificable, contribuya de manera justa y proporcional a las arcas públicas. Además, los ingresos adicionales permiten financiar programas sociales, mejorar infraestructura y fortalecer la seguridad pública y nacional.
Un aspecto clave en este esfuerzo es la participación activa de las referidas unidades de inspección, que, mediante auditorías y verificaciones sistemáticas, garantizan que los actores de la cadena de valor cumplan con las normativas aplicables. Esto no solo reduce los riesgos de irregularidades en la cantidad y calidad de los combustibles, sino que también genera confianza en el mercado y promueve una competencia justa.
Conclusión
En el combate contra el huachicol y el huachicol fiscal, los controles volumétricos no solo representan un mecanismo de cumplimiento, sino una solución integral que beneficia a toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Desde la perspectiva de una unidad de inspección acreditada, su implementación contribuye significativamente, por un lado, a garantizar la trazabilidad y la calidad del producto, y por el otro, incrementar la recaudación fiscal.
La colaboración entre la entidad regulatoria (SAT) y el sector privado será crucial para consolidar estas prácticas y garantizar que los retos fiscales del presente se conviertan en oportunidades para un mejor futuro.
Por Roberto Villeda, Director General de CalPro
