Autor: Raul Cedeño

Por: Paolo Salerno

Hace poco más de un año, en esta época había iniciado la carrera sin frenos hacía el cumplimiento del Código de Red.

Las empresas y los agentes del sector buscaban cursos, manuales, especialistas o cualquier información que les permitiera darle una guía para poder implementar y cumplir con los lineamientos técnicos y jurídicos establecidos en esta norma.

Para poder dimensionar de forma oportuna este problema, es necesario, en primer lugar, contextualizar de qué estamos hablando.

“El 8 de abril de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedía una normativa técnica llamada Código de Red, en la cual se fijó que todos los participantes del mercado, es decir, generadores, transportistas, distribuidores y consumidores en media y alta tensión, tenían que cumplir con nuevos parámetros técnicos en lo que era calidad y eficiencia de la energía”.

Para implementar esta regulación se previó un periodo de gracia de tres años (hasta el famoso 9 de abril de 2019).

En el caso de la generación, por temas técnicos y de mercado, el cumplimiento ha sido casi automático, ya que para interconectarse y para medir la energía que se inyecta a la red, el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE), en sus manuales, ya incluía de base estos requerimientos para permitir a las plantas de generación de interconectarse y operar.

En lo que corresponde a las actividades de transmisión y distribución, siendo estas áreas exclusivas del Estado y operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calidad de Empresas Productivas del Estado, se han establecido (actividad que se sigue haciendo) programas de modernización de las redes, aunque de forma muy paulatina con respecto a las reales necesidades del sector en estas áreas.

De último, pero no por esto menos importantes, quedan los centros de carga, es decir, los usuarios que consuman energía en media y alta tensión.

Estos han tenido un acercamiento muy variado a este tema, en el sentido que los centros en alta tensión y los participantes del mercado en media tensión, por su estructura y funcionamiento, han tenido que ir adecuando sus instalaciones al Código de Red de forma automática, para cumplir con su operación diaria.

A diferencia de éstas, las instalaciones en media tensión que cuentan todavía con un suministro básico, es decir, su suministro de energía sigue siendo con tarifa regulada y operado por la CFE Suministro Básico, son las que más retraso han tenido en implementar el Código de Red, y especialmente de éstas trata este artículo.

La situación anteriormente descrita es fruto de varias problemáticas que se han presentado desde el periodo de gracia, hasta la efectiva entrada en vigor del Código de Red:

La primera ha sido el casi total desconocimiento por parte de las empresas de esta normativa. 

En este sentido, aunque la CRE haya difundido de alguna forma información al respecto, el sector entero no ha dado la importancia que hubiera merecido al asunto. 

Los jefes de mantenimiento, los encargados de energía de las plantas y los mismos dueños, al igual que muchas asociaciones de categoría, no tenían en el radar esta normativa, lo cual ha provocado que, al momento de acercarse la fecha fatídica del 9 de abril del 2019, las empresas estaban totalmente impreparadas para la implementación de la regulación.

La segunda ha sido la falta de conocimiento de este tema por parte de los agentes del sector, especialmente en la parte técnica, lo cual ha conllevado consecuencias negativas muy importantes, como, por ejemplo, no dimensionar correctamente el problema, tanto a nivel temporal como económico. 

Es decir, no han informado a las empresas del tiempo que realmente se hubiera necesitado para realizar correctamente los estudios y, a la par, de los costos en los cuales hubieran tenido que incurrir, tanto para hacer los estudios, como para la implementación de las correcciones necesarias en las plantas.

La tercera, que va de la mano con las otras dos, ha sido no presentar a los participantes del mercado de la forma oportuna esta importante y muy bien estructurada regulación. 

Esto es de fundamental importancia, ya que permitiría a todo el sector de producción mexicano generar una cultura de eficiencia, ahorro y calidad de energía en las instalaciones, que les permitiría trabajar de una forma mucho más en línea con los estándares y modelos internacionales.

La situación actual, fruto de todo lo anteriormente descrito, ha tenido algunas consecuencias muy relevantes.

La primera ha sido que muchas empresas, especialmente de ingeniería, sin tener el conocimiento y aprovechando la situación, han empezado a venderse como “especialistas de Código de Red” realizando estudios y análisis que no son conformes con la regulación, sin dejar de lado lo que han cobrado para estos servicios.

En segundo lugar, existen muchas empresas que, a pesar de las importantes sanciones previstas y de la importancia que esta normativa tiene para la mejora también de su proceso productivo, después de un primer momento de pánico, han decidido de no hacer nada por el momento, debido a que la autoridad, en este caso la CRE, no tenía ni las capacidades ni los recursos tanto para analizar y dictaminar los planes de trabajos, buenos o malos que fueran y, menos, para iniciar los controles en los centros de carga. 

En efecto, a la fecha no se conoce prácticamente de ningún control y menos de alguna sanción en este tema, lo cual provoca una situación paradójica y un juego de equilibrios muy peligroso. 

Es decir, la no intervención del regulador en este asunto provoca que muchas empresas, corporativos y marcas importantes, no hagan nada para cumplir con el Código de Red, ya que no sienten que haya una “amenaza real” fruto del control que la autoridad debería de hacer. 

Esto provoca, por otro lado, que en el momento en el cual caiga la primera revisión y/o sanción, todas las empresas que no han tomado carta en el asunto empiecen, una vez más, a buscar cómo solucionar el problema, provocando una subida de los precios para estos estudios y una sustancial bajada de la calidad de los servicios propuesto. 

Esta situación, realmente no ayudará a nadie.

Además, se tiene que tener en cuenta que ya existe una versión actualizada del Código de Red, la cual no ha sido todavía publicada, ya que la autoridad todavía está en proceso de análisis y contestación de lo que son las preguntas fruto de la consulta pública que terminó el pasado mes de septiembre. 

También en este caso resulta de fundamental importancia evidenciar cómo es urgente avanzar y publicar esta normativa para dar certeza jurídica a todo el sector.

En definitiva, el Código de Red es una normativa de absoluto valor que puede permitir a todo el sector eléctrico mexicano mejorar en lo que corresponde calidad, eficiencia y ahorro energético. 

En muchas partes del mundo ya se han implementado normativas similares que han llevado muchos beneficios, sobre todo a la producción industrial. 

En el caso de México, es importante que las empresas vean esta regulación como una gran oportunidad para mejorar sus instalaciones y procesos productivos. 

Al mismo tiempo resulta de fundamental importancia que el organismo regulador, la CRE, que está encargado de este asunto, tome cartas y empiece a hacer su labor de revisión normativa con la aprobación de nuevo Código, y sobre todo que inicie a inspeccionar a los obligados para ver si realmente cumplen o no. 

Esto no con el afán de sancionarlos, sino más bien con la preocupación de empujarlos a que se involucren activamente en el asunto, y empiecen realmente a implementar esta gran transformación en el sector eléctrico mexicano en lo que es calidad, eficiencia y ahorro energético de acuerdo a lo previsto en el Código de Red.  

Por: Fluvio Ruíz Alarcón

Conforme a lo planteado en la campaña electoral de 2018, el decidido apoyo a Petróleos Mexicanos, es uno de las componentes fundamentales de la política económica del actual gobierno. Esta postura ha provocado fricciones con la dinámica sectorial forjada por la implementación de la reforma energética y heredada de la administración anterior.

Particularmente, tras la decisión presidencial de suspender las rondas licitatorias de contratos de exploración y producción, así como los llamados farm outs de Pemex; tal y como se plasmó en la plataforma electoral de la Coalición Juntos Haremos Historia. 

En respuesta, diversos actores han planteado que el Ejecutivo Federal abandone lo que no son solo propuestas de campaña, sino el reflejo de principios muy enraizados en el imaginario colectivo de quienes conforman la base social de la nueva clase política gobernante. A despecho de ello, en distintos foros y medios se insiste en la reanudación de las licitaciones y los farm outs, sin que se propongan cambios ni en el marco jurídico ni en lo esencial de los procedimientos utilizados en las rondas efectuadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como si estos meses de la nueva administración, hubieran sido solo una pausa en el ineludible sendero de la reforma….

El gobierno necesita hacer una evaluación profunda e integral de lo que ha representado la implementación de la reforma energética; e implica ir más allá del propio discurso gubernamental que da a entender que los criterios casi únicos de evaluación serían los niveles de producción alcanzados y el monto de las inversiones realizadas por los operadores. Sin duda que son factores muy relevantes; pero una evaluación integral requiere tomar en cuenta una gran variedad de elementos para obtener una visión global del proceso de apertura del sector petrolero en términos institucionales, económicos, fiscales, sociales, educativos, tecnológicos, ambientales y procedimentales. Sería un gravísimo error histórico, analizar los resultados de las licitaciones únicamente desde la estrecha perspectiva del extractivismo rentista o aún desarrollista.

Incluso, para obtener el panorama general de las licitaciones sería importante recapitular las etapas previas a la realización de las mismas. En este sentido, se debe esclarecer el hecho de que, en contra de lo expresamente señalado en la propia reforma, no se le hayan entregado a Pemex todos los campos en producción, ni se le haya reconocido el justo valor económico de sus inversiones hechas en las áreas que no retuvo, tras la Ronda Cero. Después, habría que revisar el proceso de otorgamiento y el contenido de los diversos tipos de contratos licitados en todas las convocatorias. En particular, se debe analizar el caso de los 65 contratos de licencia otorgados por el gobierno anterior y en los cuales no se estableció el pago de un bono a la firma, a pesar de ser una contraprestación obligatoria para este tipo de contratos, conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. También sería importante conocer la evaluación de ciertas cláusulas contractuales específicas, como la que otorga un 25% de valor recuperable adicional al contratista, en la inversión en exploración. Un subsidio que ni de lejos tiene Petróleos Mexicanos, al cual solo se le permite deducir estos costos. Este punto es muy relevante porque una de las variables que determinará el reparto real de la renta y las utilidades, de los proyectos donde aplica, es la recuperación de costos. Conforme se vaya obteniendo la información, se podrán hacer comparaciones entre los beneficios esperados para el Estado de acuerdo a los modelos fiscales de los contratos y los realmente obtenidos.

Ahora bien, aunque la eventual evaluación pudiera no ser tan negativa y la falta de crecimiento económico se esgrimiera como argumento pragmático frente a la firmeza ideológica del gobierno; sería muy difícil convencer a quienes se movilizaron contra la reforma energética y forman parte del núcleo duro y mayoritario del respaldo social del actual gobierno, que la reanudación de las licitaciones no sería una grave claudicación política y de principios. Esto descartaría la realización de rondas en lo que resta del sexenio y, de acuerdo a la plataforma electoral de 2018, condicionaría los farm outs a la realización de cambios en “su esquema”. Un cambio de esquema significativo, sería darle a Pemex la capacidad de establecer alianzas por sí mismo, lo que requiere modificaciones en la legislación secundaria de la reforma energética.

Por otro lado, las contradicciones que existen hoy en día, entre diversos instrumentos normativos y la orientación general del gobierno en materia petrolera; provocan una gran incertidumbre, porque los ajustes que se realizan a dichos instrumentos, son casuísticos e imprevisibles. En sentido contrario, decisiones políticas y modificaciones reglamentarias que podrían esperarse de un gobierno de izquierda, simplemente no han ocurrido, al no hacerse un análisis de conjunto del diseño sectorial heredado. 

Un lustro de implementación de la Reforma, ha hecho difícilmente reversible la apertura al capital privado en ciertos eslabones de la cadena productiva de los hidrocarburos. Esto plantea la necesidad de revisar y fortalecer los instrumentos del Estado para consolidar y garantizar la preeminencia del interés público sobre el privado. 

“Modificar la reforma heredada del pasado gobierno, con el mayor consenso social y político posibles, daría claridad y estabilidad a una nueva dinámica sectorial, al tiempo que permitiría hacer coherente la orientación y objetivos de las políticas públicas“, con el diseño institucional, el marco jurídico, las medidas regulatorias y demás instrumentos derivados. Todo esto reduciría la incertidumbre que termina frenando las inversiones privadas cuya importancia es indiscutible en ciertas áreas. Los operadores petroleros se adaptan a los arreglos institucionales de cada país, a condición de obtener ciertas garantías sobre la estabilidad y predictibilidad de las nuevas reglas del juego.

Asimismo, debemos recordar que la reforma fue omisa en materia de investigación, desarrollo, innovación y asimilación tecnológica. Incluso, en la parte meramente presupuestal de esta materia, el monto de la inversión estatal obligatoria se redujo. De ser el 0.65% del valor de la producción, a partir de la reforma de 2008, hoy se destina el mismo 0.65% pero de la renta petrolera. Más allá de lo presupuestal, “necesitamos desarrollar una industria y una empresa petrolera nacional competitivas, apoyadas en una sólida base científica y tecnológica”, en cuya construcción juegue un papel de primer orden el Instituto Mexicano del Petróleo. 

Reivindicar la soberanía nacional sobre los recursos petroleros, consolidar la rectoría estatal del sector, fortalecer a Pemex como empresa pública, sentar las bases de un sistema sectorial de innovación y dar certeza a la inversión privada complementaria; bien merecen un esfuerzo legislativo serio y profundo.

Por: Dra. Flory Anette Dieck Assad

El domingo 10 de noviembre del 2019 fue estremecedor para Pemex quien sufrió ataques cibernéticos afectando, según datos oficiales, a cerca del 5% de los equipos personales de cómputo, lo que nos invita a reflexionar más seriamente sobre la ciberseguridad.   

Pemex como la mayoría de las empresas, confían en que las innovaciones tecnológicas podrían incrementar la productividad de los negocios, optimizar procesos productivos, beneficiar el emprendimiento, apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), acercar zonas marginadas y rezagadas al desarrollo económico, mejorar los servicios gubernamentales, incrementar la competitividad e incrementar el bienestar del consumidor a través de mejores y más variados bienes y servicios, entre otros. Sin embargo, esta innovación que contribuye al bienestar de la humanidad, podría también herir y hacer daño, por lo que sería importante dirigir la fuerza disruptiva de la innovación hacia la mejora continua de la ciberseguridad. 

Un rescate desorbitante- De acuerdo a Bloomberg los secuestradores de las computadoras de Pemex solicitaban un rescate por 565 bitcoins que equivalen aproximadamente a 5 millones de dólares. 

Ante un ecosistema de innovaciones que aparecen vertiginosamente en este siglo, la “seguridad tecnológica” está también convirtiéndose en un concepto sofisticado gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático de las máquinas (machine learning).  Sin embargo, se debe estar consciente que en la medida de que el mundo cibernético innova, el ecosistema criminal cibernético le sigue muy de cerca sus pasos. 

Los “hackers” que se definen como “ciberpiratas”, “secuestradores digitales”  o “intrusos de la informática” también se están innovando y perfeccionando continuamente. Hemos sido testigos de las noticias falsas que se han generado con el uso de la  IA, el robo de criptomonedas, ataques con robo de información a las nubes electrónicas donde las empresas guardan los datos de sus clientes. Entramos a la era de la “guerra cibernética”, que será sin duda, el mayor dolor de cabeza del siglo XXI. 

Así como la innovación está en un proceso cambiante, también lo están aquellos que se dedican a atacar sistemas digitales. La intención de este artículo es la de cuestionar si estamos seriamente considerando este problema, tomando las acciones adecuadas y revisando si estamos en realidad adelantándonos a los posibles ataques perpetrados por mentes criminales. 

Nueva estrategia de hackers 

Recientemente los usuarios de sistemas computacionales han reconocido que una simple contraseña es un candado que ofrece seguridad de muy bajo nivel, por lo que los expertos sugieren incluir un mensaje de texto o llamada al teléfono móvil del usuario, si se sospecha que pudiera existir un ataque cibernético. 

Ante esta acción de autenticación de seguridad de dos pasos, las mentes criminales creativamente diseñaron la estrategia de ataque conocida como “SIM swapping” o “SIM duplicada” o “Intercambio de SIM” (Subscriber Identity Module, que es el chip donde está almacenado el número telefónico del cliente). 

Cuando un cliente se identifica con su compañía telefónica diciendo que ha perdido su SIM o que se lo han robado, o en el caso de que deseara cambiar ese SIM a un nuevo teléfono celular, su prestador de servicio telefónico le otorga un nuevo SIM. Y ahí se encuentra la vulnerabilidad del cliente.

Según los expertos, el proceso criminal se realiza de la siguiente forma:  

1. El hacker recauda fraudulentamente información personal de la víctima a través de diferentes medios (correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales, etc.).
2. El hacker contacta a la compañía proveedora de servicios telefónicos de la víctima y usa técnicas para convencer a la compañía telefónica que tuvo que cambiar el teléfono y necesita un nuevo SIM, que en este caso sería el SIM fraudulento. Esto lo pueden hacer mediante suplantación de identidad utilizando datos personales de la víctima y asegurándole a la compañía telefónica que perdió su teléfono celular. 
3. El teléfono de la víctima pierde contacto con la red telefónica y el hacker es el que recibe todos los mensajes SMS (Short Messages Services o Servicios de mensajes cortos) y las llamadas telefónicas dirigidas a la víctima. Así el hacker intercepta todas las contraseñas que le envíen ya sea por textos, o por llamadas telefónicas, incluyendo contraseñas bancarias así como contraseñas de sus cuentas de redes sociales (Instagram, facebook, etc. ), y de todas aquellas cuentas o aplicaciones que se basen para su funcionamiento en un mensaje de texto o en una llamada telefónica para verificar la autenticidad del usuario. 
4. La velocidad de este proceso es impresionantemente rápida.

Una de las más famosas víctimas de este método de fraude fue el cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey. El hacker logró obtener un duplicado de la SIM de Jack Dorsey, por lo que pudo tener acceso a su cuenta de twitter. En este caso el ataque criminal se manifestó con en el envío de mensajes ofensivos y racistas a través de su cuenta de Twitter (@jack).

Uno de los casos más conocidos de vulnerabilidad son las cuentas de correo electrónico Gmail. El hacker dice que “olvidó su contraseña”, entonces Google permite restablecer la contraseña si se asocia a un número telefónico a donde le manda nuevamente la contraseña mediante un mensaje de texto (SMS) que es recibido por el hacker que le permite entrar a la cuenta de correo electrónico de la víctima. Una vez adentro de una cuenta de correo Gmail, el hacker bloquea la entrada a su correo electrónico del dueño real de la cuenta; mientras que la víctima reporta que no puede entrar a su cuenta creyendo que su teléfono móvil perdió señal y busca como solucionar el problema, el hacker ya está navegando en la cuenta de la víctima buscando evidencia de cuentas bancarias, financieras, criptomonedas (digital wallet), etc. 

Las empresas deben incrementar su ciberseguridad, pero también están involucrados en este proceso las operadoras telefónicas y los bancos. 

Una operadora telefónica debe incrementar los requerimientos de los usuarios que soliciten un duplicado de su tarjeta SIM, exigiendo varias pruebas de la identidad del usuario. Por su parte las entidades financieras, bancos y cualquier plataforma que busque utilizar el sistema de mensajes SMS para verificación de seguridad de un usuario, debe estar alerta y conocer  su vulnerabilidad. 

La IA en la ciberseguridad  

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus iniciales en inglés) en sociedad con Hewlett Packard, realizaron una investigación para identificar la línea de pensamiento de las empresas respecto a la utilidad de la IA para reinventar su ciberseguridad. 

Los resultados de este estudio realizado en el 2019 y publicados en el MIT Technology Review Insights, aseguran que el “69% de las 303 organizaciones entrevistadas, están seguras de que solo podrán responder a las amenazas criminales cibernéticas mediante la IA“. Ellos consideran que la IA ofrece las herramientas para analizar grandes cantidades de información a través de algoritmos derivados del aprendizaje automático de las máquinas (machine learning). De esta manera se apoyarían para encontrar patrones e identificar posibles caminos por donde un ciberataque podría surgir. Asimismo, la IA podría sugerir a los tomadores de decisiones el cómo anticiparse a un posible ataque para responder de inmediato y causar el menor daño posible. 

Reto en las empresas

Debemos estar conscientes que en la ola de “innovación tecnológica” navegan tanto hackers éticos como los no éticos. Se esperaría que el software para asegurar la información y comunicación en una empresa se mejore y sea sofisticado, utilizando la IA con el fin de apoyar a eliminar amenazas. Sin embargo, no podemos olvidar que los cibercriminales también se están reinventando con nuevas herramientas para encontrar la mejor manera de infiltrarse y derribar los escudos protectores que hayan construido las empresas contra los ciberataques.

“Las empresas deben mantener en su mira el panorama de las amenazas cibernéticas que están evolucionando con la innovación tecnológica“. Para ello deben adelantarse, estar siempre al tanto de los últimos avances tecnológicos y tener una línea de pensamiento creativo que se mantenga en una “constante reinvención” de las metodologías y prácticas de la ciberseguridad.  

1. ¿Cómo están respondiendo las empresas?
   • 68%—están evaluando diferentes proveedores y nuevas tecnologías 
   • 52%—están optando por entrenar a su personal en cuestiones de ciberseguridad y están en la búsqueda de diseños organizacionales que les permitan ejercer un liderazgo efectivo para obligar a todo el personal en el uso de la ciberseguridad en todos los niveles
   • 44%—están desarrollando sistemas de ciberseguridad internos mediante la contratación de hackers éticos, expertos en seguridad informática, que dediquen su talento a realizar pruebas de penetración y a diseñar protocolos para detectar la vulnerabilidad de sus sistemas de comunicación e información dentro de la misma empresa
   • 37%—están desarrollando una nueva estrategia organizacional de ciberseguridad

Por: Daniel Salomón Sotomayor

En septiembre de 2019 se importaron a México 5,988 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (MMpcd), mientras que únicamente 2,666 MMpcd son producidos en México. De acuerdo con el prontuario estadístico de diciembre de 2019 publicado por la Secretaría de Energía (SENER) “las importaciones de gas natural de 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional”.

México atraviesa por un momento donde la producción nacional de gas natural está lejos de cumplir con las necesidades de suministro nacional, y la producción esperada no parece revertir esa balanza en el futuro cercano. Esta situación ha propiciado el desarrollo de infraestructura de gas natural que permite contar con fuentes alternativas de suministro como nuevos sistemas de transporte por medios de ducto y desarrollo de negocios de importación de gas natural por medios distintos a ductos con infraestructura de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) y transporte por medio de buque tanques o autotanques. “La conclusión es clara, no contamos con suficiente gas natural y los participantes del mercado se han acercado al mercado productor más competitivo del momento: Estados Unidos”. 

Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos de producción de gas natural superando las necesidades de la demanda local. Se estima que en 2020, la producción de gas natural en los Estados Unidos promediará 94.7 billones de pies cúbicos diarios (Bcf/d), mientras que la demanda promedio se calcula en 85.3 Bcf/d. Lo anterior, ha repercutido en que el precio del gas natural se mantenga por debajo de los 2 dólares, por lo tanto, resulta atractivo buscar nuevos mercados para colocar dichos excedentes a precios que garanticen mayor rentabilidad.  

“Aparentemente resulta una locura permitir el desarrollo de proyectos de exportación de gas natural en México con destino a otros países. Pareciera como si quisiéramos dar agua a otros cuando nos estamos muriendo de sed“. Sin embargo, “dar para recibir” tiene sentido desde una perspectiva regulatoria y comercial para el mercado de gas natural en México. 

Exportación de GNL  

Públicamente existen dos proyectos que cuentan con permisos de licuefacción otorgados por la Comisión Reguladora de Energía. El primer caso, es la terminal de almacenamiento de GNL ubicada en Ensenada Baja California, en la que Energía Costa Azul pretende incluir una instalación de licuefacción que permita transformar el gas natural para su exportación en estado líquido. El segundo caso, se trata de la nueva instalación a ubicarse en Puerto Libertad, Sonora, a cargo de Mexico Pacific Land Holdings que contará con 4 trenes de licuefacción con una capacidad nominal de 11.4 millones de toneladas por año. De manera general, ambos proyectos buscarán importar gas natural de Estados Unidos para licuarlo, cargarlo en buque tanques y suministrar mercados asiáticos u otros. 

Este tipo de proyectos requieren de un gran número de autorizaciones gubernamentales, donde destacan dos permisos de alta importancia: licuefacción y exportación. El primero, permite someter al gas natural a un proceso físico para cambiar la fase gaseosa a líquida con objeto de reducir el volumen conservando su poder calorífico, y el segundo autoriza el envío de dicho producto a otro país. 

A causa de la situación de abasto de gas natural en México, el permiso más polémico es el de exportación. El financiamiento de dichos proyectos normalmente está apalancado o garantizado con contratos de suministro de largo plazo, lo que conlleva la necesidad de asegurar la exportación de dicho producto por un plazo equivalente. Los permisos de corto plazo no dan certeza a usuarios o inversionistas y representan una importante contingencia que puede ser decisiva para el financiamiento de dichas instalaciones.

Beneficios de los proyectos de exportación 

Además de los beneficios generales de todo proyecto de infraestructura, un esquema de re-exportación tiene impactos benéficos en un sector energético como el nuestro. Las plantas de licuefacción para exportación se convierten en un usuario ancla para el desarrollo de infraestructura de transporte; los compromisos asumidos a largo plazo les permiten ser agentes esenciales en el desarrollo de nuevos ductos o para el mejoramiento de los existentes aumentando su capacidad; y, a su vez, el desarrollo de infraestructura de transporte por ductos sirve para el desarrollo de redes locales de distribución por medios de ductos o redes virtuales (autotanques) que fomentan el uso comercial, doméstico e industrial del combustible fósil más limpio.

SENER tiene una importante oportunidad para aumentar el suministro de gas natural impulsando la exportación de GNL desde nuestro país. Desde la regulación del otorgamiento de los permisos puede propiciar a que la cantidad de producto importado sea mayor a la cantidad de gas natural exportado, detonando el suministro de gas natural en toda la costa oeste de nuestro país. 

“Los proyectos de exportación de GNL tienen beneficios directos en el sector energético ya que aumentan el desarrollo de nueva infraestructura o permiten lograr su máxima eficiencia“. En este sentido, los proyectos de exportación representan para México una oportunidad regulatoria para incluir condiciones que fomenten el suministro de gas natural en zonas específicas del país. Para esto, las autoridades deben ofrecer certidumbre a las inversiones mediante el otorgamiento de permisos de largo plazo siempre que el gas exportado provenga directamente de la importación garantizando que no se afecte la balanza energética de nuestro país.