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  • Pemex reformula su estructura y elimina subsidiarias en nueva Ley

    Pemex reformula su estructura y elimina subsidiarias en nueva Ley

    Petróleos Mexicanos (Pemex) está preparado para una reestructuración significativa que eliminará sus empresas subsidiarias. Según una propuesta de legislación secundaria relacionada con la nueva Ley de Pemex, las actividades de Exploración y Producción, Transformación Industrial, Logística y Fertilizantes se integrarán en su estructura orgánica. Esta reorganización busca optimizar las operaciones, aunque se crearán filiales específicas para tareas puntuales y se establecerán comités de Sustentabilidad, Auditoría Interna y Remuneraciones para fortalecer la gestión interna.

    El objetivo de estos cambios es centralizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de Pemex en un entorno energético cada vez más competitivo. Los nuevos comités se encargarán de supervisar áreas clave como la sostenibilidad y la transparencia, elementos fundamentales para alinear a la empresa con los estándares internacionales de gobernanza y responsabilidad corporativa. Este enfoque busca reforzar el papel de Pemex como pilar de la industria energética nacional, garantizando un control más ágil y adaptable.

    En concreto, se modificará el Artículo 6 de la nueva Ley de Pemex, que ahora dirá: “Petróleos Mexicanos podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables”.

    Y según el Artículo 59 de la nueva Ley de Pemex -desde su dirección o corporativo- la estatal realizará directamente las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Las demás actividades y servicios de la cadena de valor, podrá realizarlas directamente, a través de empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea contraria a la ley.

    Desde su publicación en agosto de 2014, la Ley de Pemex tuvo por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la petrolera como empresa productiva del Estado, y para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del susbuelo, así como para tu transformación, almacén, transporte y venta nacional o internacional, se designaron las subsidiarias ya existentes en la legislación anterior.

    Pero el mes pasado en que se reformó el artículo 25 de la Constitución para que Pemex sea ahora una empresa pública del Estado, y buscando su fortalecimiento, se reformarán los primeros artículos de la Ley de Pemex, cambiando su objetivo, en concordancia con la Constitución.

    Y el cambio sustantivo en esta ley será que se estima que las actividades relacionadas con su objeto, las puede realizar directamente a través de áreas de su estructura orgánica, que cuenten con divisiones operativas que le permitan cumplir con las metas y objetivos previstos en el Plan de Negocios de la empresa, al contar con el control por medio de áreas especializadas, creadas para tal propósito y estructuradas por líneas de negocios y con capacidad de decisión.

    “En ese sentido, se considera conveniente realizar modificaciones a diversos artículos de la Ley de Petróleos Mexicanos para regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa pública del Estado Petróleos Mexicanos y eliminar la figura de empresas productivas subsidiarias de la ley, con el propósito de que exista un solo ente público que tenga a su cargo el desarrollo de las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de las actividades relacionadas con la transformación industrial de hidrocarburos y de los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento, que actualmente realizan sus empresas subsidiarias”, según la exposición de motivos de la nueva Ley.

    En el apartado de artículos transitorios no existe todavía plazo para la definición de la nueva estructura orgánica de Pemex, aunque dependerá del nombramiento por parte del director general y el Consejo de administración de la empresa. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, en enero comenzará la publicación de leyes secundarias de la reforma energética.

    Remuneraciones, sustentabilidad y auditorías

    Las nuevas o existentes empresas filiales deberán sujetarse al régimen especial de remuneraciones de Pemex, pero se creará un Comité de Remuneraciones para que ninguna remuneración del personal de la empresa pública del Estado y de sus empresas filiales sea superior al monto máximo autorizado en el presupuesto federal como remuneración del Presidente de la República.

    Se creará también un Comité de Sostenibilidad estará integrado por tres consejeros independientes y será presidido, de manera rotatoria cada año, por uno de ellos, según lo determine el Consejo de Administración, así como por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    Finalmente, el director general implementará, con base en los lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, el sistema de control interno en Petróleos Mexicanos y sus filiales. 

    El actual Consejo de Administración de Pemex no cambia: sigue con la figura de consejeros titulares, suplentes e independientes, y a la cabeza de la estatal seguirá quien está a cargo del diseño de la política energética nacional, es decir, el o la titular de Energía.

  • Plan C da un golpe a la reforma energética en su primer avance

    Plan C da un golpe a la reforma energética en su primer avance

    La Cámara de Diputados dio anoche el primer paso para acabar con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues publicó la reforma que coloca a la CFE y a Pemex nuevamente como empresas estatales, con dominio y prevalencia en el sector energético, que no se concibe más con un sector productivo.

    El pleno de la Cámara de Diputados hizo la declaratioria de publicidad de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que, además de modificar el articulado, ordena la eliminación de artículos transitorios que daban forma a la reforma energética construida en 2013 por el PRI de Enrique Peña Nieto y el PAN, que entonces encabezaba Gustavo Madero, pero sin espeficicar cuáles.

    “Se derogan los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, que se opongan a las disposiciones en materia del presente Decreto.

    La reforma quita la denominción de “empresas productivas del Estado” que se les asignó a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, para devolverles el carácter de “empresas públicas del Estado”.

    Dice el dictamen que “se estima procedente que ahor ase introduzca la categoría de empresas públicas, en lugar de empresas productivas del Estado, ya que las empresas productivas estatales tienen un perfil de carácter negocial con participación privada y buscan la generación de rentas como si se tratara de un agente económico muy próximo al privado, mientras que las empresas públicas tienen una naturaleza definitivamente pública, de interés sociales y se orientan a la producción y prestación de bienes y servicios públicos”.

    Así, el sector energético deja de ser concebido como un sector productivo.

    Elimina del artículo 27 Constitucional la autorización para que el Estado pueda contratar empresas privadas en el sector eléctrico.

    Dice que serán las leyes, ya no desde la Constitución, las que dicten la forma en que los particulares pueden participar de la industria eléctrica, “que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidd social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.

    Añade que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional tendrá los objetivos de “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estados que se establezca”.

    Con la reforma conocida anoche por el pleno de los diputados federales, diversos transitorios de la reforma del 2013 quedan en riesgo de eliminación.

    El Décimo Primero transitorio da sustento constitucional a la “contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto”.

    De igual manera, pone en riesgo la existencia del Centro Nacional de Control de Energía, que fue concebido “como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro.

    Además, al quitar el concepto de empresas productivas del Estado, retira de la Constitución que el objeto de esas mpresas es “la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental”.

    Que “cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución”.

    Pero además, pone en riesgo las disposiciones constitucionales en materia de contratos de la industria de hudrocarburos con los particulares, porque modifica la denominación jurídica de Pemex.

    Con información de Excelsior